Una confesión de fraude fiscal, un correo y una nota de prensa. Estos tres elementos han sido, entre otros, los que han llevado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a estar procesado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. La causa, instruida por el magistrado Ángel Hurtado, se ha convertido en un caso controvertido, con implicaciones políticas de alto nivel y sospechas de lawfare.

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